(untitled) (Revista Penal, 2025)
la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, incluía dentro del ámbito subjetivo de aplicación del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos, haciéndoles extensivo un régimen (el de los arts. 31 bis y ss. CP) ideado, originariamente, para empresas. De ahí que, en el trabajo que aquí se presenta, se haya pretendido abordar algunos de los aspectos más controvertidos del mismo, tales como la propia sujeción de los partidos a responsabilidad criminal dada la relevancia constitucional de sus funciones, los delitos que pueden atribuírseles o los tintes de inconstitucionalidad de algunas de las penas que pueden imponerse a este tipo de organizaciones. Sin dejar de cuestionar la idoneidad de este mecanismo de responsabilidad para atajar la lacra de la corrupción política. Por último, haremos mención a una cuestión trascendental de dicho sistema como es el establecimiento de planes de prevención de delitos en el seno de los partidos políticos.