(untitled) (Revista Penal, 2025)
Este artículo pretende tanto proponer una alternativa global a la nefasta política criminal sobre drogas como analizar la última reforma penal española sobre narcotráfico y blanqueo de dinero. La droga continúa causando o agravando la marginación social de gran parte de los consumidores, les obliga a cometer actividades asociales o a caer en la delincuencia y empeora notablemente las condiciones de habitabilidad en las prisiones. Además, la prohibición, al impedir conocer la calidad de la droga, causa muertes por sobredosis, hepatitis B y C, VIH u otras complicaciones médicas. Igualmente persiste, con la cuestionable distinción entre drogas legales e ilegales, la opresión de los países ricos. También continúa tanto la intervención asistencial centrada en un porcentaje mínimo de consumidores como la necesidad de intervenciones educativas. Por ello, resulta imprescindible llevar a cabo una política de reducción de riesgos y daños así como propuestas despenalizadoras. La droga sigue siendo un producto muy caro que origina la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón. Por esta razón resulta oportuno el castigo del blanqueo, pero las propuestas despenalizadoras disminuirían notablemente el tráfico ilícito, el margen de beneficios y el poder de las grandes organizaciones de narcotraficantes. Ciertamente existe una evidente vinculación entre droga y blanqueo, sin embargo en el Código penal español de 1995 la pena para los blanqueadores de dinero derivado del narcotráfico se agravó, un modelo que fue seguido por algún otro país, con lo que la pena puede alcanzar límites realmente elevados.