Crisis bancarias y Derecho penal económico: entre la necesidad de tutela del ahorro y la autonomía del mercado. Aspectos problemáticos e ideas de reforma

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo comprender cómo la ciencia penal moderna pueda regular los fenómenos delictivos relacionados con las actividades del sistema bancario, particularmente afectados por crisis sistémicas que, por ejemplo, en Italia, han determinado, entre 2015 y 2016, la adopción de instrumentos legislativos específicos destinados a mitigar el efecto del potencial colapso de todo el sistema bancario. El impulso dado por la nueva normativa europea sobre la prevención y resolución de crisis bancarias, contenida en la Directiva 2014/59 /UE (Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD), ha planteado de forma clara la cuestión de las formas de protección del ahorro también a través del uso de sanciones penales. En esta contribución, en primer lugar, se examina cuál debe ser el papel del Derecho penal italiano en la lucha contra estas formas de criminalidad, considerando correctamente cómo proteger las formas de ahorro y el mercado libre inspirado en la competencia. Es evidente, sin embargo, que esta intervención debe lograr un equilibrio adecuado entre el uso de sanciones y el mercado libre, por lo tanto, entre el capitalismo y la tutela de los intereses colectivos en relación con el principio de legalidad y sus corolarios. Examinamos las últimas intervenciones normativas a nivel nacional de tipo extrapenal como el instrumento de recapitalización interna o bail-in, destinado a asegurar la supervivencia de los bancos y, por otra parte, la insuficiencia parcial del sistema penal en materia de delitos empresariales, para prevenir y reprimir las conductas infieles y en conflictos de intereses que puedan perjudicar a los acreedores, ya particularmente afectados por las consecuencias negativas de la crisis económica mundial. Finalmente, se esperan algunas intervenciones legislativas, con especial referencia al delito de infidelidad patrimonial (art. 2634 CC), que puedan determinar una más efectiva protección de la ley penal, en la conciencia de que todo el sistema bancario y empresarial debe inspirarse en el respeto de algunos principios éticos fundamentales que garantizarían una relación de confianza entre las empresas y los ciudadanos.